Norma de “cooling off”
Las personas que hayan desempeñado actividades como oficiales generales de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no podrán integrar directorios ni prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que estén inscritas en cualquiera de los registros de proveedores establecidos en el inciso cuarto del artículo 34 de la ley N° 20.424 sobre Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional (registros especiales de proveedores del sector defensa), por el plazo de un año contado desde su retiro temporal o absoluto. Dicha prohibición se extiende a aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en los términos de la ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores.
La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende también a organismos internacionales respecto de las cuales, de forma específica, personal y directa, hayan emitido actos, resoluciones o dictámenes; participado en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiere adoptado algún acuerdo o resolución a su respecto; o, intervenido en los procedimientos, finalizados o no, que produjeron o producirán dichos actos.
Las personas que hayan desempeñado las actividades como oficiales generales de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, también tendrán prohibido realizar lobby y/o gestión de intereses particulares, por un período de doce meses a contar de la fecha de cese en sus funciones, ante la misma institución en la que desempeñaron funciones, así como ante cualquier institución del sector defensa.
Asimismo, una vez que hubiesen cesado en sus cargos, y hasta un año posterior a dicho cese, estas personas estarán obligadas, cada seis meses, a incorporar a la declaración de intereses y patrimonio establecida en el artículo 7° de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, sus participaciones societarias y todas las actividades económicas, profesionales o mercantiles que realicen tras su cese.
La infracción a las prohibiciones establecidas será sancionada con multa a beneficio fiscal entre 100 y 2.000 unidades tributarias mensuales y la inhabilidad para prestar servicios al Estado a cualquier título por cinco años.
La responsabilidad de las personas que hayan desempeñado las actividades señaladas, se hará efectiva por la Contraloría General de la República conforme al reglamento que regula las declaraciones de intereses y patrimonio.
La responsabilidad por las infracciones prescribirá una vez transcurridos cuatro años desde su comisión.
Además se propone establecer que las personas naturales o jurídicas que estén inscritas en cualquiera de los registros especiales de proveedores del sector defensa que constituyan vínculos laborales o reciban prestación de servicios por parte de las personas ya señaladas, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal de entre 100 y 2.000 unidades tributarias mensuales. Esta prohibición se extenderá a aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en los términos de la ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores.
Por último, los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector defensa deberá actualizarse cada mes y publicarse conforme al artículo 7° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
Estado actual: Primer trámite constitucional para discusión en particular en la comisión de Hacienda. Fue aprobado en general y en particular por la comisión de Gobierno del Senado. Actualmente está radicado en la comisión de Hacienda del Senado.
Link a documento:
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12394&prmBoletin=11883-06
